Francia ha identificado la transición energética como uno de sus grandes retos políticos y económicos.

Al iniciar su mandato, el Presidente Hollande subrayó la importancia de acometer esta gran reforma que afectará a viviendas e industria, al sistema eléctrico y al transporte.  Tras dos años de trabajo, en octubre, la Asamblea Nacional comenzará a debatir una ley marco de transición energética con la intención de que entre en vigor en la primera mitad de 2015.

Un aspecto muy interesante del caso francés es la orientación que han querido dar al debate.  Se ha intentado abordar con una perspectiva que explica muy bien la transversalidad del ejercicio. La discusión ha girado en torno a cuatro preguntas básicas:

a) “¿cómo incrementar la eficiencia y la suficiencia energéticas y qué incidencia tendrían las posibles decisiones en los modelos de consumo, los hábitos de vida y los transportes para los ciudadanos?”

b) “¿qué posibles trayectorias existen para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones hasta un 75% en 2050?”

c) “¿cómo desarrollar soluciones tecnológicas para nuevas energías y energías renovables y qué significan estos cambios en la estrategia industrial y los gobiernos locales?”

d) “¿cuáles son los costes, beneficios y modelos de financiación para la transición energética?”. Es decir, se ha querido destacar sin ambages la intensa vinculación de la energía con los ciudadanos y sus modos de vida, el clima como condición de contorno indiscutible, el impacto industrial y en el desarrollo tecnológico que tienen las decisiones que se adopten (o su adopción tardía o incoherente) y la necesidad de pensar fórmulas para financiar el cambio.

La Comisión no ha tenido como resultado una visión política única, pero sí una sociedad y un entorno político más maduros y un conocimiento sólido de los cambios que se han de abordar. A ello ha contribuido, por un lado, el análisis de escenarios energéticos y de emisiones a largo plazo, generando un debate transparente y con mayor capacidad de análisis de pros y contras de las alternativas; y, por otro, la ausencia de propuesta gubernamental pre-establecida, facilitando la participación de actores clave hasta ahora ausentes en las decisiones de política energética y que, desde ahora, serán determinantes en el seguimiento y aplicación del proceso.

Entre las conclusiones de la Comisión, hay dos especialmente significativas: por un lado, se ha querido destacar de forma unánime la importancia del ahorro energético a través de una recomendación concreta: reducir en un 50% la demanda de energía final en 2050. Y, por otro, la certeza de que una transición de la magnitud que se necesita va más allá del marco regulatorio de la energía; implica innovación tecnológica y social, cambios en los patrones económicos y de consumo, y un papel diferente para los gobiernos y los actores locales.

En el primero de los retos, el candidato socialista consideró que el abandono progresivo de la energía nuclear, que pasaría del 75% actual a un 50% en 2025, no debe hacerse en detrimento de los empleos ni de un sector en el que Francia es puntero en el mundo.

La ley y el programa de medidas que ha de acompañarla van a requerir un esfuerzo político de gran magnitud pero representan también una interesantísima oportunidad de cambio para Europa que ni la Unión ni los grandes estados limítrofes deberían desperdiciar. No lo hará Alemania ni, probablemente, el Reino Unido. España haría bien en explorar sus propios retos y el modo más inteligente de superarlos con éxito y no perder el tren del futuro que ofrece este proceso. Valorando la oportunidad en su justa medida, ofrece una magnífica alternativa –si no la mejor- para construir Europa, para asentar una Unión Europea de la Energía estable, segura, competitiva y responsable. Es, por descontado, la oferta más interesante para construir un paquete de recuperación económica y estímulo a la inversión.

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