La actual legislación no fomenta el auto consumo y constituye un paso atrás ya que obliga a los usuarios a pagar los mismos costes que el resto de consumidores.

Ante la creciente subida de la factura eléctrica, mucha gente se ha planteando invertir en sistemas de generación eléctrica para su autoabastecimiento. Placas solares, caldera de biomasa…  Con ello, no sólo buscan depender menos del suministro eléctrico de su compañía y pagar menos en la factura sino contribuir al sostenimiento del medio ambiente al utilizar sistemas más ecológicos.

El legislador, consciente de la falta de desarrollo legislativo de este ‘autoconsumo eléctrico’, ha buscado su regulación en la nueva Ley 24/2013, del Sector Eléctrico. Sin embargo, a falta todavía de su desarrollo reglamentario, el texto ya ha ocasionado críticas desde muy diversos sectores. Y es que parece penalizar a aquellos consumidores que decidan utilizar esta modalidad de autoconsumo tras hacer un esfuerzo económico que puede llegar a los 7.000 € y tardar 10 años en su amortización.

El artículo 9.3 exige que todos los consumidores sujetos a cualquier modalidad de autoconsumo tengan la obligación de contribuir a los costes y servicios del sistema por la energía auto consumida, cuando la instalación de generación o de consumo esté conectada total o parcialmente al sistema eléctrico. Para ello estarán obligados a pagar los mismos peajes de acceso a las redes, cargos asociados a los costes del sistema y costes para la provisión de los servicios de respaldo del sistema que un consumidor no sujeto al autoconsumo. Aunque es cierto que el legislador permite al Gobierno que establezca reducciones en dichos gastos, cuando las modalidades de autoconsumo supongan una reducción de los costes de dichos sistemas, queda todo pendiente de su desarrollo reglamentario.

Esto supone que, salvo que un consumidor tenga la suficiente capacidad de generar energía suficiente para su autoconsumo sin depender del sistema eléctrico, éste deberá pagar los mismos costes que aquel que se dedica a pagar religiosamente su factura a su compañía comercializadora.

Hay quienes critican que esta medida dificultará poner en marcha actuaciones tendentes a consumir energía más limpia que las que ofrecen la red eléctrica compuesta hasta un 35% de la generada por centrales térmicas y nucleares. Y no falta quien opina que esta regulación no es más que una claudicación a los intereses de las grandes empresas, que podrían ver mermados sus ingresos.

Éstas, a su vez, argumentan que las inversiones y mejoras en la red de suministro deben ser costeadas por todos si ésta es utilizada.

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